Dopaje en Costa Rica: proyecto 25.854 castiga a quien lo facilite

Proyecto de ley 25.854: dos delitos nuevos contra el dopaje

El 21 de octubre de 2026, el primer caballero Jeffry Umaña, junto a diputados del oficialista Pueblo Soberano y al exciclista Andrey Amador, presentó un proyecto para castigar con cárcel a quienes faciliten el dopaje³⁴. El texto, tramitado como expediente N.º 25.854 y firmado por los diputados Royner Mora Ruiz y Martha Esquivel Rodríguez, adiciona tres artículos a la Ley General de Salud (55 bis, 55 ter y 55 quater) y tres al Código Penal (273 bis, 273 ter y 273 quater)¹. Según Delfino, está en etapa inicial y aún sin comisión asignada².

• Comercialización ilícita de medicamentos (art. 273 bis): de 2 a 6 años de prisión a quien importe, fabrique, almacene, distribuya, venda o suministre medicamentos o materias primas sin el registro sanitario o la habilitación exigibles, o los falsifique o adultere, siempre que la conducta sea idónea para poner en peligro la vida o la salud. Sube a 4–8 años si se suministra a menores, si hay abuso de confianza o del rol de profesional de salud o entrenador, o si actúa una organización criminal¹.
• Facilitación dolosa del dopaje (art. 273 ter): de 2 a 5 años a quien, sin justificación terapéutica, prescriba, administre, suministre o facilite una sustancia o método prohibido a una persona que compite o se prepara para competir; de 3 a 7 años con agravantes como menores de edad, engaño o intimidación¹².
• Excepción para el deportista: la «mera adquisición, tenencia o utilización» para consumo propio no constituye por sí sola ninguno de los dos delitos¹.

Según la exposición de motivos, la Ley General de Salud se limita a medidas administrativas y a contravenciones de 10 a 60 días multa (artículos 374 y 375), el suministro infiel del Código Penal (artículo 273) tiene apenas 20 a 100 días multa, y la ley de psicotrópicos no alcanza a la mayoría de los dopantes, porque los esteroides anabólicos, las hormonas y las eritropoyetinas no figuran en las listas de las convenciones de 1961 y 1971¹. Las sanciones antidopaje actuales son solo deportivas: «El vendedor en línea, el proveedor de un gimnasio o el tercero que suministra la sustancia quedan, en la práctica, fuera del alcance de estas normas»¹.

Jason Huertas y el reclamo de Andrey Amador

El detonante fue el ciclismo. El 13 de julio de 2026, Jason Huertas, de 28 años y vigente campeón continental de ruta, anunció en redes sociales que fue notificado de un resultado analítico adverso de la Vuelta a Costa Rica 2025; no reveló la sustancia⁵⁶. Es su segundo resultado adverso: el primero, en la Vuelta de 2017, le costó tres años de suspensión⁵.

Horas después, Amador, director técnico de la selección de ruta, publicó un mensaje en redes sociales⁷: pidió priorizar los controles fuera de competencia, «como se hace a nivel internacional mediante el sistema ADAMS», y apartar a «quienes se aprovechan de jóvenes con ilusiones»⁸. El 28 de julio, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) dijo que redactaba un proyecto de ley similar; su director, Donald Rojas, dijo: «Queremos configurar como delito la venta, distribución y suministro de sustancias dopantes a atletas», y habló de alcanzar también a los gimnasios⁹.

CERA, EPO y clostebol: el historial del dopaje en Costa Rica

El antecedente que más pesa es la Vuelta de 2017. En enero de 2018, la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió de forma provisional a 12 ciclistas costarricenses, entre ellos el campeón Juan Carlos Rojas: 11 por CERA (una eritropoyetina de acción prolongada) y uno por EPO, con muestras tomadas el 22 de diciembre de 2017¹⁰. En noviembre de 2020, Costa Rica encabezaba la lista mundial de la UCI con 16 ciclistas sancionados, por delante de Colombia (14)¹¹. Rojas cumplió su sanción de ocho años el 30 de enero de 2026¹².

El problema no es solo del ciclismo. En 2022, el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (Conad-CR), Juan Carlos Baldizón, dijo que las sustancias que aparecen «son esteroides anabólicos, y en segundo término hormona de crecimiento»; ese año, la Conad-CR tenía 30 deportistas sancionados, con el fisicoculturismo y el ciclismo como los deportes más recurrentes¹³. En 2024, el futbolista mexicano Érick «Cubo» Torres, del Herediano, fue sancionado por clostebol, que atribuyó a su recuperación tras corregirse una uña encarnada; su sanción de dos años, impuesta por la Conad-CR, se redujo a 16 meses¹⁴.

Esteroides, SARMs y MK-677 en redes sociales

El Ministerio de Salud de Costa Rica ya había documentado el mercado que el proyecto busca castigar. En marzo de 2022 alertó sobre los sitios «Bodybuilding CR» y «Anabolic Pharma C.R.», que ofrecían esteroides anabólicos sin registro; el análisis de un producto, GEN PHARMA CLEN 40, mostró que no contenía el principio activo declarado en su etiqueta; además se anunciaba Cardarine, que dice contener GW501516, una molécula señalada en 2013 por tumores en estudios con animales y nunca autorizada para la venta¹⁵. En agosto de 2025 advirtió sobre productos de la marca Lawless Labs con ostarina (enobosarm, MK-2866), RAD140, MK-677 (ibutamorén) y SR9009, comercializados en el país sin registro sanitario¹⁶.

La evidencia clínica respalda la preocupación. La declaración científica de la Endocrine Society señala que la mayoría de quienes usan estas sustancias no son atletas de élite, sino levantadores de pesas no competitivos, y asocia su uso con mayor riesgo de muerte y con trastornos cardiovasculares, psiquiátricos, hepáticos y endocrinos¹⁷. En 140 levantadores de pesas varones, los usuarios de esteroides por dos años o más tenían una fracción de eyección del 52 %, frente al 63 % de los no usuarios, y más placa coronaria¹⁸. Con los moduladores selectivos del receptor de andrógenos (SARMs), desde 2020 se publicaron 20 reportes de eventos adversos, la mayoría por daño hepático inducido por fármacos¹⁹.

Qué cambia para el médico que atiende deportistas

El artículo 55 bis obligaría al deportista a informar su condición al profesional que le recete o administre medicamentos. Si la conoce, el médico deberá consultar la lista oficial, informar si hay una prohibición, valorar una alternativa no prohibida y, si el tratamiento es necesario, explicar la posible autorización de uso terapéutico¹. El 55 ter exige documentar la justificación clínica, la sustancia, la dosis, la vía, la duración y la fecha cuando se prescriba una sustancia prohibida¹. El 273 ter excluye expresamente el tratamiento «clínicamente justificado» dado por un profesional habilitado conforme a la lex artis¹. La lista se adoptaría por decreto y regiría 30 días después de publicarse en La Gaceta; el delito de dopaje no aplicaría hasta entonces¹².

No es el primer intento. El expediente 24.069, que crea una Organización Nacional Antidopaje, fue presentado en diciembre de 2023 y está dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales²⁰. En 2018, La República ya señalaba que el Código Penal no castiga el autoconsumo de dopantes²¹.