Decreto 44780-S: la CCSS y el tratamiento de la obesidad en 2027

Qué dice el plazo del Decreto 44780-S

El Decreto Ejecutivo N.º 44780-S, publicado en La Gaceta en enero de 2025 y firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Salud Mary Munive Angermüller, declaró la obesidad enfermedad crónica de importancia para la salud pública y oficializó la Norma Nacional para la Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad²³. Aplica a los servicios de salud públicos, privados y mixtos³⁴. Costa Rica tiene así un plazo legal que corre desde enero de 2025: un año para los instrumentos técnicos institucionales, dos años para tener disponibles los tratamientos farmacológicos y cinco años para los equipos interdisciplinarios²³.

El 26 de octubre de 2026, Teletica recordó que, a partir de enero de 2027, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe garantizar el acceso a tratamientos farmacológicos para quienes los necesiten, y que al cierre de la nota la institución no había respondido si incorporará los medicamentos GLP-1¹. Ya en marzo de 2026, la Asociación de Lucha contra la Obesidad, la Asociación Día Vida y la Sociedad Costarricense de Endocrinología habían denunciado que la norma «no avanza a buen ritmo»⁶.

Lo que el decreto obliga y lo que no

Conviene leer el decreto con precisión, porque la frase «garantizar el acceso» se presta a lecturas amplias. Según La Nación, el plazo de dos años es para «tener disponibles los medicamentos para atender la obesidad»; ni esa nota ni las otras que resumen la norma citan una molécula, una marca o un presupuesto²³⁵. Tampoco fija quién recibe qué: la norma prohíbe «prescribir fármacos de manera generalizada para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad» y exige que todo tratamiento farmacológico se acompañe de estilo de vida y atención interdisciplinaria²⁵.

Esa tensión es la clave. El decreto obliga a que haya tratamiento farmacológico, pero deja a la Caja decidir qué pacientes, qué principio activo y con qué criterios. Eso es justo lo que, según Teletica, el jefe de Farmacoeconomía de la CCSS, Hugo Marín Piva, dijo que falta definir: pacientes, principios activos, criterios clínicos y costo de financiarlos⁹. Con una prevalencia de obesidad de 32 % en mayores de 19 años según la encuesta de la propia Caja, el costo no es un detalle⁷.

Primero diabetes, después obesidad: el calendario no calza

La Gerencia Médica confirmó a La Nación el 19 de octubre de 2026 que hace estudios técnicos para determinar cuál de las moléculas GLP-1 registradas en el Ministerio de Salud es la más conveniente. La primera fase atendería a la población diabética, también la que además tiene obesidad, y la segunda ampliaría el tratamiento a la obesidad⁷⁸. Teletica añadió que la resolución sobre diabetes se conocería en noviembre y que, después, la CCSS evaluaría por separado si usar estos fármacos para bajar de peso es viable⁹.

Si ese orden se mantiene, en enero de 2027 la Caja podría tener una decisión sobre diabetes, pero no sobre obesidad. Es una lectura posible, no una confirmación: al 6 de noviembre de 2026 no hay una resolución publicada ni una respuesta oficial sobre cómo la CCSS cumpliría el plazo¹⁹. Para el médico, la consecuencia práctica es que no debe asumir que el decreto equivale a cobertura pública de un GLP-1 para obesidad en 2027.

Mientras la Caja decide, el acceso lo marca el mercado

El 16 de octubre de 2026, La Nación informó que el Ministerio de Salud confirmó el registro sanitario de las cinco presentaciones de Wegovy (semaglutida), con precios de ¢49.995 a ¢178.995¹⁰. En farmacias privadas, los GLP-1 cuestan entre unos ¢50.000 y ¢210.000 al mes⁷. Un representante de la Asociación Lucha Contra la Obesidad dijo a Teletica que muchos pacientes recurren al sector privado porque los servicios públicos no tienen disponibilidad¹.

El otro lado de ese acceso privado son los riesgos. El Ministerio de Salud alertó, en una comunicación citada por CRHoy el 1 de diciembre de 2025, sobre la promoción en redes sociales de programas de «bajar de peso» con inyectables, y advirtió que algunos productos no tienen registro sanitario vigente¹¹. Hasta octubre de 2026 el Ministerio registraba 695 notificaciones de sospechas de reacciones adversas (semaglutida 50 %, liraglutida 41 %, dulaglutida 10 %; 476 gastrointestinales), con la advertencia de que una notificación no prueba causalidad, y el Colegio de Médicos mantenía bajo investigación a seis profesionales por uso indebido de péptidos⁹. Hemos cubierto antes la alerta de reacciones adversas, la tirzepatida falsa en farmacias de San José y el lanzamiento de Wegovy. La primera nota sobre la evaluación de la CCSS explica el contexto.

Que la demora de la Caja aumente el mercado ilegal es un riesgo plausible, no un dato medido: ninguna de las fuentes cuantifica ese efecto. Lo que sí está documentado es que hay pacientes comprando por su cuenta y un regulador que ya advirtió sobre productos sin registro¹¹¹.

Qué evidencia tendrá delante la Caja

La decisión técnica de la CCSS se apoyará en ensayos distintos para cada molécula. En STEP 1, la semaglutida 2,4 mg semanal redujo el peso un 14,9 % frente a un 2,4 % con placebo en 68 semanas¹⁴. En SURMOUNT-1, la tirzepatida logró reducciones de 15,0 %, 19,5 % y 20,9 % con 5, 10 y 15 mg frente a 3,1 % con placebo en 72 semanas¹⁵. En SELECT, en adultos con enfermedad cardiovascular y sobrepeso u obesidad sin diabetes, la semaglutida redujo los eventos cardiovasculares mayores (HR 0,80)¹⁷. Y la suspensión importa para el presupuesto: en la extensión de STEP 1, quienes dejaron la semaglutida recuperaron 11,6 puntos porcentuales del peso perdido en el año siguiente¹⁶.

La OMS, en su primera guía sobre GLP-1 para obesidad (1 de diciembre de 2025), recomendó de forma condicional su uso a largo plazo en adultos, excepto embarazadas, y citó entre las razones los datos limitados a largo plazo, el costo y la «preparación inadecuada de los sistemas de salud»; proyectó además que estos tratamientos llegarán a «fewer than 10% of those who could benefit by 2030» («menos del 10 % de quienes podrían beneficiarse en 2030»)¹². La OPS, en su alerta de febrero de 2026, pidió a los países fortalecer la farmacovigilancia y que la prescripción respete las indicaciones aprobadas por cada autoridad regulatoria¹³.